La tortura como terapia: el riesgoso camino a los centros de adicciones

Villavicencio no sabe cuántos de los 29 centros cumplen con los requisitos de la matriz, pero sí conoce de algunos que han pedido préstamos por 80 mil dólares, por ejemplo, para tener el licenciamiento de la Acess. Él explica que la inversión que se realiza no se puede recuperar porque una familia paga lo que puede del costo del tratamiento, no lo que se debería. Es decir, si una persona paga 500 dólares mensuales en un centro, eso significa 16 dólares y centavos el día, razona. “En otras palabras, 67 centavos la hora para cuidar a alguien que no lo puede curar ni la abuelita, ni la mamá, ni nadie”.

Él es un adicto rehabilitado con formación en tratamiento de adicciones. Con sus 29 años de experiencia, considera que si el Estado no puede cubrir la demanda debería evaluar la posibilidad de hacer convenios con los centros. Eso sí, nos aclara que él no está en contra de los requisitos de la Acess, solo pide que se revisen. Pero, si eso no sucede, “me allanaré”, dijo

La psicóloga clínica y presidenta de la Asociación de Casas de Recuperación de la Provincia del Guayas (Acrapg) , Jenny Díaz, también subraya: “El licenciamiento es costoso”. De los 20 centros que componen Acrapg, solo 2 tienen licencias, 3 están próximos a licenciarse y el resto aún está en proceso.

Ella administra su propio centro, Gosen, y sabe que se necesita una inversión importante. Gosen requiere como promedio 50 mil dólares y, si bien ella ya financió una parte, le faltan 30 mil dólares “para poder licenciarse”. Pero, la inversión, sin duda, elevará el costo que debe pagar el paciente. Díaz también sostiene que no todos podrán cancelar el valor, y “así es difícil mantener un centro”. Más aún con la competencia desleal, asegura. El número de pacientes baja en los centros regulados ya que las familias buscan los centros ilegales. En la actualidad, ella tiene seis usuarios en Gosen, y la competencia desleal en Durán –donde está establecida– es alta.

Sin embargo, hay centros como “Libertad” (Guayllabamba, Pichincha) que han cumplido con las exigencias de la Acess al 93%. La directora, Malena Vázquez, reconoce que no fue una tarea sencilla. Fueron dos años de trámites, revisión de la normativa e inversiones constantes para mantener el lugar y cubrir los requisitos exigidos. Vázquez explica que el tratamiento tiene un costo de 1305 dólares mensuales. Aunque el valor está sujeto a un estudio socioeconómico ya que no todos pueden pagarlo. “Hemos implementado un sistema de becas y otorgamos rebajas del 20, 30, 40 o hasta 46 % del valor aprobado”.

De los 20 centros que componen Acrapg, solo 2 tienen licencias, 3 están próximos a licenciarse y el resto aún está en proceso.

El caso del psicoterapeuta vivencial, Iván Bourgeat, es diferente. Él manejó su propio centro llamado “Claridad”, pero lo cerró por las exigencias de la Acess. Si lograba cumplir con todos los requisitos hubiera cobrado 1300 dólares, mínimo 900, dice. “Para una familia medianamente económica, un gasto de 800 a 1000 dólares, hoy por hoy, es muy difícil”. Ahora, Bourgeat se dedica a trabajar en terapia ambulatoria, desde su consulta privada. Tiene un canal de YouTube donde produce su programa, “Un día a la vez”.

Por su parte, Carlos Pazmiño, integrante de la Fundación Dejando Huella (Puembo, Quito), expresa que la exigencia de la Acess le parece “algo totalmente fuera de sitio”. La matriz es imposible de lograr, afirma. Pero, “hay que seguir las reglas”. El centro cobra por el tratamiento 750 dólares, aunque también ofrece ayuda a quienes no pueden pagar. Ahora, el terreno del centro está en venta porque piensan mudarse a un lugar más amplio.

Francisco Vallejo insiste que se debe cumplir con la matriz. Los centros, al inicio, pusieron resistencia quizá por la falta de claridad, apunta. Pero, subraya: no podemos transar con nadie, todos tienen que cumplir la norma. Pese a que los centros digan que es una valla demasiado alta, Vallejo asegura que “eso se ha ido desvirtuando en la práctica”. Es decir, hay centros que han cumplido.

Los centros que aún no tienen la licencia bajo las nuevas normas están en proceso de regulación. El plazo para cumplir los requisitos vence este año. “Si no cumplen no podrán seguir funcionando”, sentencia.

Dos centros acusados de tortura

Los centros de adicciones en Ecuador han estado frecuentemente bajo la lupa. Hay dos momentos que evidenciaron las serias faltas de regulación y casos de vulneraciones a los derechos humanos: en el período de 10 años (2000 – 2010), analizado por el Taller de Comunicación Mujer; y, en los operativos-sorpresa que desplegó el Ministerio de Salud en la gestión de Carina Vance.

En ambos momentos se encontraron casos de secuestro, tortura (física y psicológica), abuso sexual, medicalización forzada, entre otros. Incluso, en los operativos impulsados por la exministra, se supo de 04 casos relacionados con vulneración de derechos humanos que fueron referidos a la autoridad competente para judicialización. Sin embargo, pese a la solicitud de información realizada al Ministerio de Salud, no se conoce si en estos casos hubo sentencias judiciales efectivas.

Al menos en los últimos 10 años, no existe una sentencia ejemplificadora sobre algún centro de adicciones acusado de vulneración de derechos, a pesar que hubo casos graves. Por ejemplo, durante la investigación, identificamos dos testimonios que pidieron guardar el anonimato. Ellas pasaron por “Dejando Huella”, cuando esta fundación anteriormente manejaba un centro para mujeres. Ambas relataron que fueron testigos de los excesos que se cometían con las internas, en el plano sexual. Pazmiño, miembro del centro, asegura al respecto que nunca se presentaron denuncias, aunque reconoce que sí hubo esas situaciones, pero por parte del personal de seguridad. Pero, aclara que si hubo la decisión de cerrar el centro de mujeres no fue por ese tipo de hechos, sino por las nuevas normativas que surgieron.

Otro caso es Puente a la Vida que, pese a las múltiples acusaciones y evidencias encontradas, no se pudo conocer si hubo judicialización. La sicóloga Carol Zambrano conoció de cerca este centro, cuyo exdirector está fugado en Panamá, cuenta. Pacientes con grilletes, abusos sexuales, comida descompuesta, entre otros, eran moneda corriente en el centro. Justamente, en Puente a la Vida, se denunció el caso de una mujer lesbiana que sufrió una serie de vejámenes sexuales para “corregir” su homosexualidad. El hecho tuvo fuerte presión social, e impacto en los medios de comunicación. Pero, este caso, hasta la fecha, no tiene una respuesta judicial.

En la actualidad aún hay centros que son señalados por atentar contra los derechos humanos. Por ejemplo, en septiembre del año pasado, la defensora del pueblo de Pastaza, Yajaira Curipallo, pidió el allanamiento de un centro donde se cometían actos de tortura contra los internos. La defensoría tomó esa medida porque el centro no los dejó entrar, pero a la Acess sí. En la información levantada por la Agencia se detectaron personas con indicios de haber sido golpeadas. Los pacientes dijeron que les pegaban con palos de bates, alambres, machetes o linternas para aplicar electroshock. Justamente, la Policía encontró esos elementos el día del operativo.

El centro se llama Cradun y cuenta con la licencia de la Acess, de acuerdo al catastro vigente. El caso se conoció gracias a la denuncia de una madre que había internado a su hijo en el lugar y que, al no tener dinero para completar el pago del tratamiento, había sido retenido. Hasta el momento, hay 8 denuncias más por tortura. Curipallo sostiene que, desde octubre del año pasado a la fecha, no ha habido mayor impulso judicial sobre este caso. Denuncia, además, que el personal de ese centro los ha hostigado y amenazado. 

Al menos en los últimos 10 años, no existe una sentencia ejemplificadora sobre algún centro de adicciones acusado de vulneración de derechos, a pesar que hubo casos graves.

La defensora provincial agrega que la Acess no ha empezado ningún proceso judicial. Por esa razón, la Defensoría del Pueblo de Ecuador interpondrá una Acción de Protección en contra de la Acess por omisión. Eso quiere decir que el Estado podría ser señalado en cortes internacionales.

Otro dueño que ha estado involucrado en temas de tortura, según consta en la página de la Fiscalía General, es el director de “Nuevo Ebenezer” (Sangolquí, Pichincha). Se hicieron las gestiones para tener una entrevista, pero sólo logramos saber que hay una nueva directora. Aunque, al parecer, el exdirector sigue trabajando en el centro. La nueva directora dijo que él ganó el juicio y que ahora no le gustaría involucrar al centro en estos temas ya que está por obtener la licencia. Prometió consultar al cuerpo clínico para saber si nos daba o no la entrevista, pero nunca hubo respuesta.

La Casa de los Milagros es un centro ubicado en El Quinche (Quito, Pichincha), donde también se practicaba la tortura. En una emisora local, un expaciente dio su testimonio en el programa de radio “Así es la vida”, el 24 de julio del 2018. Él consumió “basuco” (base de cocaína) desde los 20 años. Sus padres decidieron internarlo en este centro, ya que el tratamiento les ofrecía muchas bondades.

Pero, el expaciente recuerda que apenas sus padres se fueron lo metieron en un hueco pequeño al que llamaban la “Cañola”, debajo del que pasaban aguas servidas. Ahí estuvo tres días, solo en bóxer, para “reflexionar” y “pensar” de las cosas que hacía mal. Sin comer. Le dijeron: debes estar tres días como Jonás dentro de una ballena, así dice la biblia. Ese fue solo el principio de una estadía marcada por los golpes, el hacinamiento y la utilización de la religión para el sometimiento.

Otro testimonio, Luis (nombre protegido) denunció a Juan Bazantes, director de la Casa de los Milagros, por los malos tratos que recibió un familiar de tercera edad que había sufrido un accidente cerebrovascular antes del internamiento. El hombre presentaba síntomas de desnutrición y huellas de haber sido encadenado, en las muñecas y en los tobillos. Otro interno, Gerardo (nombre protegido), conoció al hombre de tercera edad. Él recuerda que, al no tener control sobre sus esfínteres y al no valerse por sí mismo, los encargados no le permitían usar una cama; lo obligaban a dormir en el suelo, con un grillete para que no se moviera de ahí.

Gerardo llegó a ese centro por consumo de marihuana. A él lo “capturaron” en su casa, y se lo llevaron encapuchado. Al llegar también pasó por la famosa “Cañola”, por tres días. Si se portaba mal era llevado a otra casa ubicada en Cayambe. El dueño, dice, tiene en total tres casas y va rotando a los pacientes. Además, es quien da las órdenes a los encargados “para que infrinjan castigos”. Gerardo afirma que en algunas casas hay mujeres e, incluso, menores de edad.

Le dijeron: debes estar tres días en la “Cañola”, como Jonás dentro de una ballena, así dice la biblia.

Una fuente en la Acess nos alertó del operativo que se iba a realizar en ese centro, pero nunca se concretó porque no contaban con un bus para trasladar a los internos. En el sector, hay vecinos que reconocen o cuestionan el trabajo de Juan Bazantes, también hay quienes señalan sus supuestas relaciones con el Ministerio del Interior. “Por eso sigue funcionando”, nos aseguró un poblador.

Juan Bazantes es pastor, aunque no sabemos qué religión profesa. En un video que circula por internet lo vemos en un acto de bautismo. Frente a los testimonios recogidos le llamamos, y, aunque en un inicio se mostró dispuesto a darnos la entrevista, luego argumentó problemas de agenda. Lo que sí alcanzó a decir es que ellos son un “Centro de Formación Espiritual”, que es muy diferente –aunque no dijo por qué–. Se refirió a la denuncia que apareció en una radio local: él nunca estuvo aquí y, suponemos, que hay una clínica que le pagó para hablar mal del centro.

Sobre la Casa de los Milagros, la Acess dijo que se ha realizado un acercamiento con este centro para que pueda entrar en regulación, le han impuesto una multa y que el caso se está viendo con la Fiscalía. La Agencia precisó que cuando se presentan casos de vulneración derechos humanos en algún centro, su accionar se enmarca dentro de lo que señala la Resolución 080: infraestructura, talento humano, equipamiento y normativa. Para los casos de violación a los derechos humanos, intervienen otras instancias, nos indican, como la Fiscalía, Dinapen, Defensoría del Pueblo, entre otros.

Pero, nosotros insistimos, ¿deberían seguir funcionando estos centros si ya hay denuncias de violación a los derechos humanos? Vallejo también insiste: “no podemos ir más allá de lo que nos manda nuestro decreto”. Añade que deben ser cautos, porque se podrían interponer acciones legales contra la institución. En muchos de los casos, la Acess –explicó- realiza clausuras temporales para que las instancias hagan el trabajo que les compete.

La ACESS no es punitiva

El 24 de enero pasado, la ministra de salud, Verónica Espinosa, se presentó en Comisión General en el pleno de la Asamblea Nacional. Tras el incendio en el centro “Por una nueva vida”, la presidenta del legislativo emitió un comunicado para convocar “inmediatamente a los ministros de Salud, Educación y del Interior para aplicar la ley con rigurosidad y verificar la operación de un plan de prevención, apoyo a las familias y atención a las víctimas”.

Hasta el momento, solo la ministra de salud se presentó y abordó el tema.

Espinosa señaló que la Acess tiene dos objetivos: uno, acompañar a quienes de buena fe quieren cumplir con los requisitos exigidos; y, dos, sancionar y clausurar a los establecimientos que no están dispuestos a sujetarse a una regularización. Sin embargo, la funcionaria precisó que la Acess no tiene un enfoque punitivo.

La ministra fue más explícita: no se puede clausurar un centro que no tiene permiso de funcionamiento. “Es decir, funcionar en la ilegalidad, funcionar sin permiso de funcionamiento solamente amerita cinco salarios básicos unificados de sanción. Eso no puede ser en un país en el que queremos mejorar la calidad de los servicios”. Para sustentar esto, la ministra Espinosa citó los artículos 97, 170 y 194 de la Ley Orgánica de la Salud vigente donde se indican tres causales para la clausura definitiva de un centro de salud: mal manejo de desechos, comercialización de medicamentos caducados o profesionales de la salud que no cuenten con su título habilitado”.